Lola Loustalot

 Comienza un nuevo capítulo en la historia del concurso de Vicentin. Esta vez la cerealera no pudo pagar los bonos correspondientes al mes de diciembre, y, como respuesta, el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros del Departamento San Lorenzo (SOEA), inició un paro total por tiempo indeterminado en "los portones de la empresa".

"La actividad del período no ha sido suficiente para reunir los recursos necesarios para hacer frente al 50% de la gratificación extraordinaria no remunerativa acordada en la última paritaria", indicó la compañía en un comunicado que refería que el pago se tendría que haber efectuado el viernes pasado.

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Además, la compañía expuso que los compromisos de molienda para enero se redujeron a la mitad. A pesar de esta situación la compañía pudo pagar tanto los sueldos correspondientes al mes pasado, como el aguinaldo.

"La situación de incertidumbre en la que venimos operando en las últimas semanas requiere la máxima prudencia y responsabilidad de todos los involucrados. Necesitamos imperiosamente continuar trabajando para poder cumplir con los compromisos diarios. Actualmente tenemos contratos de fazón a cumplir que proveerán los recursos para cancelar la obligación impaga, pero no podemos dar precisión de fecha ya que, cómo hemos explicado recurrentemente, dependemos del funcionamiento para poder facturar y cobrar los servicios", expuso la empresa en el escrito.

Por el otro lado, el gremio de aceiteros confirmó que el cese de tareas se mantendrá hasta que ese efectúe el pago del bono.

A fines de noviembre y con el objetivo de bajar costos y, así, hacer frente al problema que tiene en el flujo de caja, la cerealera pidió a la Justicia abrir un procedimiento preventivo de crisis (PPC). En un escrito presentado en Justicia santafesina, la cerealera advirtió que la situación que atraviesa implicó "continuas y permanentes pérdidas".

El pedido se realizó poco más de un mes después de otro revés para la empresa: la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe declaró inconstitucional el acuerdo de la cerealera con sus acreedores, lo que supuso un freno al plan para que la compañía fuera absorbida por las agroexportadoras internacionales Bunge y Viterra y la local ACA.

En ese momento, la compañía ya había advertido que se iba a ver obligada a pedir el PPC, una medida que había intentado evitar hasta aquel momento.

Fuentes de la compañía explicaron que cuando se inició el concurso, hace más de cuatro años, Vicentin se encontraba en una posición financiera robusta que le permitió seguir operando con normalidad y no tener conflictos sindicales. Sin embargo, la demora en la homologación del acuerdo con los acreedores, firmado en 2022, hizo que la situación de caja se deteriorara y obligó a la empresa a recurrir a esta medida.

La empresa destacó que llegó a una situación en la que debe invertir sus esfuerzos en medidas orientadas a la "racionalización y adecuación" de costos, entre ellos el laboral. Y agregó que, de no hacerlo, se profundizará la crisis que atraviesa.

Además, Vicentin ya había dispuesto otras medidas que buscaban mitigar los efectos de la crisis sobre el empleo. En ese sentido, la compañía destacó que solicitó ayuda al Estado, planes de retiros voluntarios, adecuación de los contratos con proveedores y contratación de nuevos prestadores de servicios bajo condiciones más convenientes, reducción de las tarifas y conversaciones con las entidades sindicales de modificaciones de condiciones laborales.

Recientemente, además, Vicentin demandó a tres presuntos acreedores por los delitos de estafa procesal y extorsión. La compañía aseguró que los acusados buscaron trabar adrede el concurso preventivo y evitar la homologación del acuerdo con el fin de apropiarse de manera ilegítima de la empresa.

Estos fueron Commodities SA, Olzen Industria y Comercio de Calzado, y Mariano Grassi. Este último es a quien acusan de ser el autor intelectual del plan de adquisición de Vicentin presentado junto a CIMA -hoy CFS Advisors-, una Alyc del mercado de capitales.

Este último, contraatacó y dijo que la cerealera solo busca amedrentarlo, a la vez que aseguró que Vicentin denuncia de un plan "ilegítimo para que el concurso llegue al cramdown porque quiere evitar competir en el salvataje".